El Protocolo de Cartagena, que en vigor el 11 de septiembre del 2003, fue el primer acuerdo internacional que establece la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados a través de la biotecnología moderna, es decir, regula los riesgos que implican los organismos transgénicos.
La finalidad del Protocolo de Cartagena es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad global.
México forma parte de dicho protocolo junto con otros 151 países miembros y tiene como objetivo regular el movimiento transfronterizo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Desafortunadamente, no ha habido un avance sustancial en materia de bioseguridad: La siembra de transgénicos es ilegal en México, en base a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que está vigente.
Otros de los puntos de dicho acuerdo esta en definir el régimen de responsabilidad y compensación.
Uno de los obstáculos es que las compañías de biotecnología no están dispuestas a ceder y a verse sometidas a un régimen de responsabilidad, para proteger a quienes sean afectados por los OGM´s. Como pasa en muchas cosas en México, nadie se quiere hacer responsable de sus actos.
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